Sigue abierto el debate sobre la objeción de conciencia
Un buen número de alcaldes y concejales se niegan a casar a parejas
homosexuales
Para la mayoría de los juristas, los alcaldes y concejales están asistidos
por el derecho a la objeción de conciencia, si tienen que celebrar un
matrimonio entre personas del mismo sexo. En otras legislaciones se recoge
la objeción para este caso concreto. El fondo del debate es si el Estado
debe incidir sobre la moral a través de la ley
La aprobación, en el Congreso, de la Ley por la que se equiparan las uniones
homosexuales a los matrimonios ha desatado una fuerte polémica que denota
una división en la sociedad respecto de esta cuestión.
El cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para
la Familia, declaró en una reciente entrevista que los católicos que
tuvieran que participar en la celebración de este tipo de uniones civiles
podían negarse a hacerlo sujetándose al derecho a la objeción de conciencia
por motivos religiosos. Unas horas más tarde, un buen número de alcaldes y
concejales de diferentes localidades españolas hacían público su deseo de
acogerse a esta cláusula y evitar así ir en contra de sus conciencias. Para
los católicos y todos los que usan la recta razón, que consideramos como
único matrimonio posible la unión de un hombre y una mujer, que tiene por
objeto el crear una familia, llamar matrimonio a las uniones homosexuales es
desvirtuar la esencia de esta institución. En palabras de la Conferencia
Episcopal Española, «introducir moneda falsa devalúa la verdadera».
El debate sobre el derecho a la objeción de conciencia se ha abierto con
fuerza en los últimos días. La mayoría de los juristas están de acuerdo en
que éste es un derecho fundamental, ampliamente reconocido no sólo por la
Constitución española, en su artículo 16, sino por diferentes Tratados
internacionales sobre derechos humanos que forman parte del ordenamiento
jurídico interno, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para el
profesor Javier Martínez Torrón, de la Universidad Complutense de Madrid, la
objeción de conciencia es una cuestión muy seria que se ha trivializado en
los últimos días. La primera trivialización se ha producido en el texto
aprobado por el Congreso, que no tiene en cuenta la objeción de conciencia
en materia tan sensible como ésta. En la legislación danesa sobre uniones
homosexuales, similar a la que se aprobará en España en los próximos meses,
se establecieron los criterios de la objeción de conciencia para evitar
mayores problemas. «Se está tratando de imponer una sensibilidad por vía
legislativa», explica el profesor Martínez, autor de un libro sobre esta
materia.
En lugares como Estados Unidos, la libertad de conciencia se considera
paradigma de su sistema político y social. De hecho, una persona que alegue
la objeción de conciencia para dejar de cumplir una norma, será considerada
como «un buen ciudadano, con un alto nivel de conciencia», continúa el señor
Martínez.
Para el catedrático don Dalmacio Negro, profesor en la Universidad San
Pablo-CEU, todo el problema radica en que, «con el Estado, no es posible el
derecho de resistencia». De ahí que el Gobierno que preside don José Luis
Rodríguez Zapatero se apresurara a afirmar que hay que cumplir la ley. La
intención del Estado es que sea él el que crea la moral, explica el profesor
Negro.
Sin embargo, en no pocas ocasiones, el Estado ha tenido que aceptar la
objeción de conciencia. Los dos ejemplos más claros son el servicio militar
y el aborto. Para don Dalmacio Negro, en ocasiones, la presión social ha
obligado a los Gobiernos a ceder. Por ese motivo, en el supuesto de la
celebración de matrimonios entre homosexuales, una mayor presión podría
obligar al Gobierno a aceptar la objeción de conciencia.
Cada vez son más abundantes las muestras de disconformidad con la reciente
ley. El Foro Español de la Familia, que ya ha recogido más de seiscientas
mil firmas en una Iniciativa Legislativa Popular, ha organizado, junto con
diversas agrupaciones, una manifestación pública que recorrerá el centro de
Madrid, entre las plazas de Cibeles y Colón, el sábado 18 de junio próximo,
a las 5 de la tarde. Las declaraciones de alcaldes y concejales en favor del
derecho a la objeción de conciencia también servirán para que el Gobierno se
replantee el articulado de la ley. Sin embargo, como explica el profesor
Martínez, aquí se esconde un segundo riesgo de trivialización del importante
derecho a la objeción de conciencia: el que una cuestión moral se convierta
en un arma política.
Para don José Luis Mendoza, Presidente de la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, y Consultor del Consejo Pontificio para la Familia, la
cuestión de la ley sobre homosexuales es «una decisión tomada por el
Gobierno socialista escudándose en el resultado de las urnas, que nadie pone
en duda, pero que no le otorga suficiente representatividad y legitimidad
moral para llevarlo a cabo». Ésta es la razón que hace del matrimonio entre
homosexuales una cuestión sobre la que se puede esgrimir la objeción de
conciencia.
«No es de recibo intentar disuadir a los objetores haciendo referencias
amenazadoras a la obligación de cumplir las leyes. Entre otras razones, como
autorizadamente se ha dicho, porque la ley y su aplicación están sujetos al
respeto a los derechos fundamentales. Entre ellos, el de libertad de
conciencia», explica el catedrático don Rafael Navarro Valls. «Creo que el
Gobierno haría mal en hacer de esto un pulso político», concluye su colega,
el profesor Martínez.
María S. Altaba A&O 450