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Un buen número de alcaldes y concejales
se niegan a casar a parejas homosexuales
Sigue abierto el debate sobre la objeción de conciencia |
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Para la mayoría de los juristas, los
alcaldes y concejales están asistidos por el derecho a la objeción de
conciencia, si tienen que celebrar un matrimonio entre personas del
mismo sexo. En otras legislaciones se recoge la objeción para este caso
concreto. El fondo del debate es si el Estado debe incidir sobre la
moral a través de la ley
La aprobación, en el Congreso, de la Ley por la que se equiparan las uniones homosexuales a los matrimonios ha desatado una fuerte polémica que denota una división en la sociedad respecto de esta cuestión.
El cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio
para la Familia, declaró en una reciente entrevista que los católicos
que tuvieran que participar en la celebración de este tipo de uniones
civiles podían negarse a hacerlo sujetándose al derecho a la objeción de
conciencia por motivos religiosos. Unas horas más tarde, un buen número
de alcaldes y concejales de diferentes localidades españolas hacían
público su deseo de acogerse a esta cláusula y evitar así ir en contra
de sus conciencias. Para los católicos y todos los que usan la recta
razón, que consideramos como único matrimonio posible la unión de un
hombre y una mujer, que tiene por objeto el crear una familia, llamar
matrimonio a las uniones homosexuales es desvirtuar la esencia de
esta institución. En palabras de la Conferencia Episcopal Española,
«introducir moneda falsa devalúa la verdadera».
El debate sobre el derecho a la objeción de conciencia se ha abierto con
fuerza en los últimos días. La mayoría de los juristas están de acuerdo
en que éste es un derecho fundamental, ampliamente reconocido no sólo
por la Constitución española, en su artículo 16, sino por diferentes
Tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del
ordenamiento jurídico interno, como el Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Para el profesor Javier Martínez Torrón, de la Universidad
Complutense de Madrid, la objeción de conciencia es una cuestión muy
seria que se ha trivializado en los últimos días. La primera
trivialización se ha producido en el texto aprobado por el Congreso, que
no tiene en cuenta la objeción de conciencia en materia tan sensible
como ésta. En la legislación danesa sobre uniones homosexuales, similar
a la que se aprobará en España en los próximos meses, se establecieron
los criterios de la objeción de conciencia para evitar mayores
problemas. «Se está tratando de imponer una sensibilidad por vía
legislativa», explica el profesor Martínez, autor de un libro sobre esta
materia.
En lugares como Estados Unidos, la libertad de conciencia se considera
paradigma de su sistema político y social. De hecho, una persona que
alegue la objeción de conciencia para dejar de cumplir una norma, será
considerada como «un buen ciudadano, con un alto nivel de conciencia»,
continúa el señor Martínez.
Para el catedrático don Dalmacio Negro, profesor en la Universidad San
Pablo-CEU, todo el problema radica en que, «con el Estado, no es posible
el derecho de resistencia». De ahí que el Gobierno que preside don José
Luis Rodríguez Zapatero se apresurara a afirmar que hay que cumplir la
ley. La intención del Estado es que sea él el que crea la moral, explica
el profesor Negro.
Sin embargo, en no pocas ocasiones, el Estado ha tenido que aceptar la
objeción de conciencia. Los dos ejemplos más claros son el servicio
militar y el aborto. Para don Dalmacio Negro, en ocasiones, la presión
social ha obligado a los Gobiernos a ceder. Por ese motivo, en el
supuesto de la celebración de matrimonios entre homosexuales, una mayor
presión podría obligar al Gobierno a aceptar la objeción de conciencia.
Cada vez son más abundantes las muestras de disconformidad con la
reciente ley. El Foro Español de la Familia, que ya ha recogido más de
seiscientas mil firmas en una Iniciativa Legislativa Popular, ha
organizado, junto con diversas agrupaciones, una manifestación pública
que recorrerá el centro de Madrid, entre las plazas de Cibeles y Colón,
el sábado 18 de junio próximo, a las 5 de la tarde. Las declaraciones de
alcaldes y concejales en favor del derecho a la objeción de conciencia
también servirán para que el Gobierno se replantee el articulado de la
ley. Sin embargo, como explica el profesor Martínez, aquí se esconde un
segundo riesgo de trivialización del importante derecho a la objeción de
conciencia: el que una cuestión moral se convierta en un arma política.
Para don José Luis Mendoza, Presidente de la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, y Consultor del Consejo Pontificio para la Familia,
la cuestión de la ley sobre homosexuales es «una decisión tomada por el
Gobierno socialista escudándose en el resultado de las urnas, que nadie
pone en duda, pero que no le otorga suficiente representatividad y
legitimidad moral para llevarlo a cabo». Ésta es la razón que hace del
matrimonio entre homosexuales una cuestión sobre la que se puede
esgrimir la objeción de conciencia.
«No es de recibo intentar disuadir a los objetores haciendo referencias
amenazadoras a la obligación de cumplir las leyes. Entre otras
razones, como autorizadamente se ha dicho, porque la ley y su
aplicación están sujetos al respeto a los derechos fundamentales.
Entre ellos, el de libertad de conciencia», explica el catedrático don
Rafael Navarro Valls. «Creo que el Gobierno haría mal en hacer de esto
un pulso político», concluye su colega, el profesor Martínez.
María S. Altaba A&O 450 |
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