Benedicto XVI defiende la universalidad de los derechos humanos en la ONU que basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre
Discurso el día viernes, 18
abril 2008,
del Papa Benedicto XVI
a los representantes de las naciones
en el aula de la asamblea general
de las Naciones Unidas.
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Señor Presidente
Señoras y Señores
Al comenzar mi intervención en esta Asamblea, deseo ante todo expresarle a
usted, Señor Presidente, mi sincera gratitud por sus amables palabras. Quiero
agradecer también al Secretario General, el Señor Ban Ki-moon, por su invitación
a visitar la Sede central de la Organización y por su cordial bienvenida. Saludo
a los Embajadores y a los Diplomáticos de los Estados Miembros, así como a todos
los presentes: a través de ustedes, saludo a los pueblos que representan aquí.
Ellos esperan de esta Institución que lleve adelante la inspiración que condujo
a su fundación, la de ser un «centro que armonice los esfuerzos de las Naciones
por alcanzar los fines comunes», de la paz y el desarrollo (cf. Carta de las
Naciones Unidas, art. 1.2-1.4). Como dijo el Papa Juan Pablo II en 1995, la
Organización debería ser "centro moral, en el que todas las naciones del mundo
se sientan como en su casa, desarrollando la conciencia común de ser, por así
decir, una ‘familia de naciones'" (Discurso ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Nueva York, 5 de octubre de 1995, 14).
A través de las Naciones Unidas, los Estados han establecido objetivos
universales que, aunque no coincidan con el bien común total de la familia
humana, representan sin duda una parte fundamental de este mismo bien. Los
principios fundacionales de la Organización -el deseo de la paz, la búsqueda de
la justicia, el respeto de la dignidad de la persona, la cooperación y la
asistencia humanitaria- expresan las justas aspiraciones del espíritu humano y
constituyen los ideales que deberían estar subyacentes en las relaciones
internacionales. Como mis predecesores Pablo VI y Juan Pablo II han hecho notar
desde esta misma tribuna, se trata de cuestiones que la Iglesia Católica y la
Santa Sede siguen con atención e interés, pues ven en vuestra actividad un
ejemplo de cómo los problemas y conflictos relativos a la comunidad mundial
pueden estar sujetos a una reglamentación común. Las Naciones Unidas encarnan la
aspiración a "un grado superior de ordenamiento internacional" Juan Pablo II,
Sollicitudo rei socialis, 43), inspirado y gobernado por el principio de
subsidiaridad y, por tanto, capaz de responder a las demandas de la familia
humana mediante reglas internacionales vinculantes y estructuras capaces de
armonizar el desarrollo cotidiano de la vida de los pueblos. Esto es más
necesario aún en un tiempo en el que experimentamos la manifiesta paradoja de un
consenso multilateral que sigue padeciendo una crisis a causa de su
subordinación a las decisiones de unos pocos, mientras que los problemas del
mundo exigen intervenciones conjuntas por parte de la comunidad internacional.
Ciertamente, cuestiones de seguridad, los objetivos del desarrollo, la reducción
de las desigualdades locales y globales, la protección del entorno, de los
recursos y del clima, requieren que todos los responsables internacionales
actúen conjuntamente y demuestren una disponibilidad para actuar de buena fe,
respetando la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones más débiles del
planeta. Pienso particularmente en aquellos Países de África y de otras partes
del mundo que permanecen al margen de un auténtico desarrollo integral, y corren
por tanto el riesgo de experimentar sólo los efectos negativos de la
globalización. En el contexto de las relaciones internacionales, es necesario
reconocer el papel superior que desempeñan las reglas y las estructuras
intrínsecamente ordenadas a promover el bien común y, por tanto, a defender la
libertad humana. Dichas reglas no limitan la libertad. Por el contrario, la
promueven cuando prohíben comportamientos y actos que van contra el bien común,
obstaculizan su realización efectiva y, por tanto, comprometen la dignidad de
toda persona humana. En nombre de la libertad debe haber una correlación entre
derechos y deberes, por la cual cada persona está llamada a asumir la
responsabilidad de sus opciones, tomadas al entrar en relación con los otros.
Aquí, nuestro pensamiento se dirige al modo en que a veces se han aplicado los
resultados de los descubrimientos de la investigación científica y tecnológica.
No obstante los enormes beneficios que la humanidad puede recabar de ellos,
algunos aspectos de dicha aplicación representan una clara violación del orden
de la creación, hasta el punto en que no solamente se contradice el carácter
sagrado de la vida, sino que la persona humana misma y la familia se ven
despojadas de su identidad natural. Del mismo modo, la acción internacional
dirigida a preservar el entorno y a proteger las diversas formas de vida sobre
la tierra no ha de garantizar solamente un empleo racional de la tecnología y de
la ciencia, sino que debe redescubrir también la auténtica imagen de la
creación. Esto nunca requiere optar entre ciencia y ética: se trata más bien de
adoptar un método científico que respete realmente los imperativos éticos.
El reconocimiento de la unidad de la familia humana y la atención a la dignidad
innata de cada hombre y mujer adquiere hoy un nuevo énfasis con el principio de
la responsabilidad de proteger. Este principio ha sido definido sólo
recientemente, pero ya estaba implícitamente presente en los orígenes de las
Naciones Unidas y ahora se ha convertido cada vez más en una característica de
la actividad de la Organización. Todo Estado tiene el deber primario de proteger
a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos,
como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas
por la naturaleza o por el hombre. Si los Estados no son capaces de garantizar
esta protección, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios
jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos
internacionales. La acción de la comunidad internacional y de sus instituciones,
dando por sentado el respeto de los principios que están a la base del orden
internacional, no tiene por qué ser interpretada nunca como una imposición
injustificada y una limitación de soberanía. Al contrario, es la indiferencia o
la falta de intervención lo que causa un daño real. Lo que se necesita es una
búsqueda más profunda de los medios para prevenir y controlar los conflictos,
explorando cualquier vía diplomática posible y prestando atención y estímulo
también a las más tenues señales de diálogo o deseo de reconciliación.
El principio de la "responsabilidad de proteger" fue considerado por el antiguo
ius gentium como el fundamento de toda actuación de los gobernadores hacia los
gobernados: en tiempos en que se estaba desarrollando el concepto de Estados
nacionales soberanos, el fraile dominico Francisco de Vitoria, calificado con
razón como precursor de la idea de las Naciones Unidas, describió dicha
responsabilidad como un aspecto de la razón natural compartida por todas las
Naciones, y como el resultado de un orden internacional cuya tarea era regular
las relaciones entre los pueblos. Hoy como entonces, este principio ha de hacer
referencia a la idea de la persona como imagen del Creador, al deseo de una
absoluta y esencial libertad. Como sabemos, la fundación de las Naciones Unidas
coincidió con la profunda conmoción experimentada por la humanidad cuando se
abandonó la referencia al sentido de la trascendencia y de la razón natural y,
en consecuencia, se violaron gravemente la libertad y la dignidad del hombre.
Cuando eso ocurre, los fundamentos objetivos de los valores que inspiran y
gobiernan el orden internacional se ven amenazados, y minados en su base los
principios inderogables e inviolables formulados y consolidados por las Naciones
Unidas. Cuando se está ante nuevos e insistentes desafíos, es un error
retroceder hacia un planteamiento pragmático, limitado a determinar "un terreno
común", minimalista en los contenidos y débil en su efectividad.
La referencia a la dignidad humana, que es el fundamento y el objetivo de la
responsabilidad de proteger, nos lleva al tema sobre el cual hemos sido
invitados a centrarnos este año, en el que se cumple el 60° aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El documento fue el resultado
de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas
motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las
instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad, y de considerar a la persona
humana esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia. Los
derechos humanos son presentados cada vez más como el lenguaje común y el
sustrato ético de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, la
universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos
sirven como garantía para la salvaguardia de la dignidad humana. Sin embargo, es
evidente que los derechos reconocidos y enunciados en la Declaración se aplican
a cada uno en virtud del origen común de la persona, la cual sigue siendo el
punto más alto del designio creador de Dios para el mundo y la historia. Estos
derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente
en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de
este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción
relativista, según la cual el sentido y la interpretación de los derechos
podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos
culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. Así pues, no se debe
permitir que esta vasta variedad de puntos de vista oscurezca no sólo el hecho
de que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana,
sujeto de estos derechos.
La vida de la comunidad, tanto en el ámbito interior como en el internacional,
muestra claramente cómo el respeto de los derechos y las garantías que se
derivan de ellos son las medidas del bien común que sirven para valorar la
relación entre justicia e injusticia, desarrollo y pobreza, seguridad y
conflicto. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más
eficaz para extirpar las desigualdades entre Países y grupos sociales, así como
para aumentar la seguridad. Es cierto que las víctimas de la opresión y la
desesperación, cuya dignidad humana se ve impunemente violada, pueden ceder
fácilmente al impulso de la violencia y convertirse ellas mismas en
transgresoras de la paz. Sin embargo, el bien común que los derechos humanos
permiten conseguir no puede lograrse simplemente con la aplicación de
procedimientos correctos ni tampoco a través de un simple equilibrio entre
derechos contrapuestos. La Declaración Universal tiene el mérito de haber
permitido confluir en un núcleo fundamental de valores y, por lo tanto, de
derechos, a diferentes culturas, expresiones jurídicas y modelos
institucionales. No obstante, hoy es preciso redoblar los esfuerzos ante las
presiones para reinterpretar los fundamentos de la Declaración y comprometer con
ello su íntima unidad, facilitando así su alejamiento de la protección de la
dignidad humana para satisfacer meros intereses, con frecuencia particulares. La
Declaración fue adoptada como un "ideal común" (preámbulo) y no puede ser
aplicada por partes separadas, según tendencias u opciones selectivas que corren
simplemente el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana y por tanto
la indivisibilidad de los derechos humanos.
La experiencia nos enseña que a menudo la legalidad prevalece sobre la justicia
cuando la insistencia sobre los derechos humanos los hace aparecer como
resultado exclusivo de medidas legislativas o decisiones normativas tomadas por
las diversas agencias de los que están en el poder. Cuando se presentan
simplemente en términos de legalidad, los derechos corren el riesgo de
convertirse en proposiciones frágiles, separadas de la dimensión ética y
racional, que es su fundamento y su fin. Por el contrario, la Declaración
Universal ha reforzado la convicción de que el respeto de los derechos humanos
está enraizado principalmente en la justicia que no cambia, sobre la cual se
basa también la fuerza vinculante de las proclamaciones internacionales. Este
aspecto se ve frecuentemente desatendido cuando se intenta privar a los derechos
de su verdadera función en nombre de una mísera perspectiva utilitarista. Puesto
que los derechos y los consiguientes deberes provienen naturalmente de la
interacción humana, es fácil olvidar que son el fruto de un sentido común de la
justicia, basado principalmente sobre la solidaridad entre los miembros de la
sociedad y, por tanto, válidos para todos los tiempos y todos los pueblos. Esta
intuición fue expresada ya muy pronto, en el siglo V, por Agustín de Hipona, uno
de los maestros de nuestra herencia intelectual. Decía que la máxima no hagas a
otros lo que no quieres que te hagan a ti "en modo alguno puede variar, por
mucha que sea la diversidad de las naciones" (De doctrina christiana, III, 14).
Por tanto, los derechos humanos han de ser respetados como expresión de
justicia, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la voluntad
de los legisladores.
Señoras y Señores,
con el transcurrir de la historia surgen situaciones nuevas y se intenta
conectarlas a nuevos derechos. El discernimiento, es decir, la capacidad de
distinguir el bien del mal, se hace más esencial en el contexto de exigencias
que conciernen a la vida misma y al comportamiento de las personas, de las
comunidades y de los pueblos. Al afrontar el tema de los derechos, puesto que en
él están implicadas situaciones importantes y realidades profundas, el
discernimiento es al mismo tiempo una virtud indispensable y fructuosa.
Así, el discernimiento muestra cómo el confiar de manera exclusiva a cada
Estado, con sus leyes e instituciones, la responsabilidad última de conjugar las
aspiraciones de personas, comunidades y pueblos enteros puede tener a veces
consecuencias que excluyen la posibilidad de un orden social respetuoso de la
dignidad y los derechos de la persona. Por otra parte, una visión de la vida
enraizada firmemente en la dimensión religiosa puede ayudar a conseguir dichos
fines, puesto que el reconocimiento del valor trascendente de todo hombre y toda
mujer favorece la conversión del corazón, que lleva al compromiso de resistir a
la violencia, al terrorismo y a la guerra, y de promover la justicia y la paz.
Además, esto proporciona el contexto apropiado para ese diálogo interreligioso
que las Naciones Unidas están llamadas a apoyar, del mismo modo que apoyan el
diálogo en otros campos de la actividad humana. El diálogo debería ser
reconocido como el medio a través del cual los diversos sectores de la sociedad
pueden articular su propio punto de vista y construir el consenso sobre la
verdad en relación a los valores u objetivos particulares. Pertenece a la
naturaleza de las religiones, libremente practicadas, el que puedan entablar
autónomamente un diálogo de pensamiento y de vida. Si también a este nivel la
esfera religiosa se mantiene separada de la acción política, se producirán
grandes beneficios para las personas y las comunidades. Por otra parte, las
Naciones Unidas pueden contar con los resultados del diálogo entre las
religiones y beneficiarse de la disponibilidad de los creyentes para poner sus
propias experiencias al servicio del bien común. Su cometido es proponer una
visión de la fe, no en términos de intolerancia, discriminación y conflicto,
sino de total respeto de la verdad, la coexistencia, los derechos y la
reconciliación.
Obviamente, los derechos humanos deben incluir el derecho a la libertad
religiosa, entendido como expresión de una dimensión que es al mismo tiempo
individual y comunitaria, una visión que manifiesta la unidad de la persona, aun
distinguiendo claramente entre la dimensión de ciudadano y la de creyente. La
actividad de las Naciones Unidas en los años recientes ha asegurado que el
debate público ofrezca espacio a puntos de vista inspirados en una visión
religiosa en todas sus dimensiones, incluyendo la de rito, culto, educación,
difusión de informaciones, así como la libertad de profesar o elegir una
religión. Es inconcebible, por tanto, que los creyentes tengan que suprimir una
parte de sí mismos -su fe- para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser
necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos. Los derechos
asociados con la religión necesitan protección sobre todo si se los considera en
conflicto con la ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría
religiosa de naturaleza exclusiva. No se puede limitar la plena garantía de la
libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la
debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la
posibilidad de que los creyentes contribuyan la construcción del orden social. A
decir verdad, ya lo están haciendo, por ejemplo, a través de su implicación
influyente y generosa en una amplia red de iniciativas, que van desde las
universidades a las instituciones científicas, escuelas, centros de atención
médica y a organizaciones caritativas al servicio de los más pobres y
marginados. El rechazo a reconocer la contribución a la sociedad que está
enraizada en la dimensión religiosa y en la búsqueda del Absoluto -expresión por
su propia naturaleza de la comunión entre personas- privilegiaría efectivamente
un planteamiento individualista y fragmentaría la unidad de la persona.
Mi presencia en esta Asamblea es una muestra de estima por las Naciones Unidas y
es considerada como expresión de la esperanza en que la Organización sirva cada
vez más como signo de unidad entre los Estados y como instrumento al servicio de
toda la familia humana. Manifiesta también la voluntad de la Iglesia Católica de
ofrecer su propia aportación a la construcción de relaciones internacionales en
un modo en que se permita a cada persona y a cada pueblo percibir que son un
elemento capaz de marcar la diferencia. Además, la Iglesia trabaja para obtener
dichos objetivos a través de la actividad internacional de la Santa Sede, de
manera coherente con la propia contribución en la esfera ética y moral y con la
libre actividad de los propios fieles. Ciertamente, la Santa Sede ha tenido
siempre un puesto en las asambleas de las Naciones, manifestando así el propio
carácter específico en cuanto sujeto en el ámbito internacional. Como han
confirmado recientemente las Naciones Unidas, la Santa Sede ofrece así su propia
contribución según las disposiciones de la ley internacional, ayuda a definirla
y a ella se remite.
Las Naciones Unidas siguen siendo un lugar privilegiado en el que la Iglesia
está comprometida a llevar su propia experiencia "en humanidad", desarrollada a
lo largo de los siglos entre pueblos de toda raza y cultura, y a ponerla a
disposición de todos los miembros de la comunidad internacional. Esta
experiencia y actividad, orientadas a obtener la libertad para todo creyente,
intentan aumentar también la protección que se ofrece a los derechos de la
persona. Dichos derechos están basados y plasmados en la naturaleza trascendente
de la persona, que permite a hombres y mujeres recorrer su camino de fe y su
búsqueda de Dios en este mundo. El reconocimiento de esta dimensión debe ser
reforzado si queremos fomentar la esperanza de la humanidad en un mundo mejor, y
crear condiciones propicias para la paz, el desarrollo, la cooperación y la
garantía de los derechos de las generaciones futuras.
En mi reciente Encíclica Spe salvi, he subrayado "que la búsqueda, siempre nueva
y fatigosa, de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de
cada generación" (n. 25). Para los cristianos, esta tarea está motivada por la
esperanza que proviene de la obra salvadora de Jesucristo. Precisamente por eso
la Iglesia se alegra de estar asociada con la actividad de esta ilustre
Organización, a la cual está confiada la responsabilidad de promover la paz y la
buena voluntad en todo el mundo. Queridos amigos, os doy las gracias por la
oportunidad de dirigirme hoy a vosotros y prometo la ayuda de mis oraciones para
el desarrollo de vuestra noble tarea.
Antes de despedirme de esta asamblea, deseo saludar a todas las naciones aquí
representadas en las lenguas oficiales.
[En inglés, en francés, en español, en árabe, en chino y en ruso:]
Paz y prosperidad con la ayuda de Dios!
Gracias.
